Cuando se coloca a una persona en un proceso de expulsión (deportación), existen varias formas de alivio comúnmente confiables, que incluyen asilo y retención, cancelación de expulsión para residentes permanentes, cancelación de expulsión para residentes no permanentes, suspensión de deportación, exención de Excluibilidad, salida voluntaria y ajuste de estatus. Cada uno de los anteriores tiene requisitos y cargas de prueba independientes y específicos.

 

En ciertos casos, un proceso llamado “Cierre administrativo” puede usarse para detener temporalmente los procedimientos de expulsión eliminando el caso del calendario del juez de inmigración (o de la Junta de Apelaciones de Inmigración). Cuando se concede, el caso puede ser "puesto en espera" para esperar la adjudicación de una petición de visa, solicitud de naturalización u otro beneficio de inmigración que esté pendiente (o recientemente presentado). En algunos casos, el caso puede ser detenido por varios años.

 

Cuando un caso se cierra administrativamente, se retira del calendario y no se llevan a cabo audiencias o actividades a través del Tribunal de Inmigración hasta que el caso se vuelva a programar para una nueva audiencia. Debido a que el proceso no termina los procedimientos, la Notificación de comparecencia (documento de cobro) sigue siendo válida, pero no se ingresa una orden final de remoción. Si bien tanto el demandado como el abogado del DHS pueden solicitar el cierre administrativo, la jurisdicción sobre el caso reside en el juez de inmigración o el BIA. Según el asunto de Avestisyan , la decisión de cerrar los procedimientos se basa en "una evaluación de factores que son particularmente relevantes para la gestión eficiente de los recursos de los tribunales de inmigración y la Junta ...", y los jueces de inmigración y BIA deben ejercer su juicio independiente de la voluntad del DHS. Por lo tanto, el juez de inmigración y el BIA pueden cerrar administrativamente los procedimientos de expulsión, incluso si el DHS se opone.

 

Bajo el asunto de Avetisyan, los factores relevantes a tener en cuenta son:

 

1. la base para buscar el cierre administrativo;

2. la base para cualquier oposición al cierre administrativo;

3. la probabilidad de que el demandado tenga éxito en cualquier solicitud de alivio o beneficio que se está llevando a cabo fuera del proceso de expulsión;

4. el período de tiempo anticipado del cierre;

5. la responsabilidad de cualquiera de las partes en contribuir a la demora; y

6. El resultado esperado de los procedimientos de expulsión cuando el caso finalmente se vuelve a programar.

 

Si bien no es aplicable en muchas circunstancias en los tribunales de inmigración, el cierre administrativo puede ser una opción importante y desempeñar un papel fundamental en la defensa de los procedimientos de deportación. Discuta con su abogado de inmigración para decidir si el Cierre Administrativo puede desempeñar un papel integral en la defensa de los procedimientos de deportación y las estrategias del caso.

 

Thomas D. Rosenberg, Esq.

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